El Gobierno prorrogó hasta abril de 2027 las concesiones de 11 centrales hidroeléctricas, entre ellas tres de Tucumán

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional dispuso extender hasta el 30 de abril de 2027 el plazo de operación de 11 centrales hidroeléctricas de jurisdicción nacional, entre las que se encuentran El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, ubicadas en Tucumán. La decisión busca garantizar la continuidad del servicio de generación eléctrica mientras se desarrollan los procesos licitatorios para adjudicar nuevas concesiones.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1349/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y contempla que las actuales concesionarias puedan continuar operando las instalaciones hasta la fecha indicada o hasta que los nuevos adjudicatarios tomen posesión de los complejos, lo que ocurra primero.

Según los fundamentos de la norma, la extensión responde a la necesidad de preservar la regularidad, continuidad y seguridad del suministro eléctrico durante la transición hacia un nuevo esquema de concesiones.

Para mantener la operación de las centrales, las empresas concesionarias deberán presentar una Carta de Adhesión ante la Secretaría de Energía dentro de los siete días corridos contados desde la entrada en vigencia del decreto.

En caso de que alguna de las compañías decida no adherir a la prórroga, estará obligada a continuar con la generación de energía eléctrica durante un período no inferior a 45 días hábiles. Durante ese plazo, el Poder Ejecutivo deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

La disposición alcanza a los complejos Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre, en Mendoza; Río Hondo y Los Quiroga, en Santiago del Estero; Cabra Corral y El Tunal, en Salta; El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, en Tucumán; y Futaleufú, en Chubut.

En el caso de Tucumán, la decisión permitirá mantener la operación de tres centrales hidroeléctricas mientras se define el futuro esquema de concesión y administración de esas instalaciones.

El decreto también delega formalmente en la Secretaría de Energía las facultades necesarias para organizar los procesos de selección de los nuevos operadores.

Entre sus atribuciones se encuentran establecer las condiciones de las licitaciones, elaborar la documentación correspondiente, convocar a Licitación Pública Nacional e Internacional, adjudicar las nuevas concesiones y suscribir los respectivos contratos.

La normativa se enmarca en las leyes 15.336 y 24.065, que regulan aspectos del sector eléctrico argentino, y responde al vencimiento de los contratos de concesión otorgados durante el proceso de reorganización del sector energético iniciado en la década de 1990, bajo el régimen de la Ley 23.696.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo destacó la importancia de la energía hidroeléctrica como fuente renovable y estratégica para contribuir a la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Asimismo, la norma recordó los antecedentes de los procesos licitatorios correspondientes a los complejos Cerros Colorados, El Chocón-Arroyito, Alicurá y Piedra del Águila, además de la convocatoria conjunta con la provincia de Mendoza para el sistema Los Nihuiles.

Con esta decisión, el Gobierno busca asegurar que las centrales continúen generando electricidad durante el período de transición, mientras la Secretaría de Energía avanza con los procedimientos necesarios para seleccionar a los futuros concesionarios.

La prórroga no implica una adjudicación definitiva a los operadores actuales, sino una extensión transitoria destinada a evitar interrupciones en el funcionamiento de las instalaciones hasta que se concrete el traspaso a las empresas que resulten seleccionadas mediante las licitaciones públicas.